El auditorio de Vilagarcía completó ayer su aforo de 750 butacas durante la reunión informativa organizada por los colectivos que se oponen al proyecto de reapertura de la mina de Touro-O Pino (encabezados por la Plataforma Mina de Touro-O Pino Non y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa) que pretende llevar a cabo la empresa Atalaya Mining. El acto forma parte de las actuaciones previstas antes de la manifestación que se celebrará el 10 de junio en Santiago en contra de esa reapertura.
Ángeles Longa Portabales, directora del departamento de I+D de la DOP Mexillón de Galicia, Serafín González Prieto, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y presidente de la Sociedad Gallega de Historia Natural, y Gonzalo Rodríguez Rodríguez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago, fueron los tres relatores de la sesión. Cada uno de ellos, desde sus respectivas disciplinas, aportaron datos sobre las consecuencias negativas (económicas, medioambientales o sociales) que tendría, no solo sobre la Ría de Arousa sino también sobre el área por la que discurre el río Ulla, la reapertura de esa explotación minera.
Ángeles Longa explicó a los asistentes la situación actual en la que se encuentra la mina, que fue explotada entre 1976 y 1986 por Río Tinto y cuyos terrenos, en donde hoy en día es claramente perceptible la presencia de aguas ácidas en regatos y cursos fluviales, no han sido rehabilitados treinta años después de abandonar su explotación.
El actual tamaño del yacimiento crecerá muy notablemente, hasta las 700 hectáreas en principio, y las actividades de extracción requerirán explosiones así como del uso de materiales para el tratamiento del mineral, alguno de los cuales es sospechoso de producir cáncer.
Sobre este aspecto incidió Serafín González, quien dijo que las fichas de seguridad química internacionales señalan la potencial peligrosidad de algunos de los elementos que se van a utilizar. Asimismo informó sobre la presencia en la zona de concentraciones de metales pesados muy superiores a lo permitido y lamentó que esos datos no aparezcan en el informe de impacto ambiental del proyecto, un documento que calificó de “muy pobre”.
Otro de los riesgos estaría vinculado a la posibilidad de rotura de las balsas donde se acumulan los residuos. “En el mundo, se rompen dos o tres al año”, ejemplificó González.
Por su parte, Gonzalo Rodríguez dirigió su intervención a ilustrar la relevancia económica del sector agroalimentario, en el que se encuentran las actividades vinculadas al mar, en el tejido económico de Galicia. Rodríguez situó a ese sector, junto al del automóvil y al textil como los pilares sobre los que se asienta nuestra economía. Frente a ellos, las industrias extractivas, que en Galicia son las ligadas fundamentalmente al granito y a la pizarra, ocupan apenas a 4.000 trabajadores.
“El mar un elemento tractor de nuestra economía, sus efectos repercuten positivamente en otras actividades, que van desde el comercio hasta la prestación de los servicios más variados. Y sobre todo es una fuente de riqueza que se renueva, que está ahora y seguirá ahí. No es perecedera, como la minería”, señaló González, quien hizo igualmente mención al valor añadido que aporta el mar en Galicia desde el punto de vista cultural, identitario o turístico.
La sesión informativa contó también con la presencia de miembros de la plataforma Mina de Touro-O Pino non y que, además, son vecinos del área que estaría directamente afectada. Su portavoz agradeció el apoyo recibido y alertó de la ruina que supondría este proyecto, no solo para ellos sino también para la Ría de Arousa. Por eso, hizo un llamamiento a la participación masiva en la manifestación del 10 de junio.
También acudieron alcaldes de diversas localidades que ya mostraron su apoyo a los colectivos que se oponen a la mina a través de mociones aprobadas por sus corporaciones y representantes políticos de diversos partidos.
La fotografía que ilustra esta información es de Mónica Irago, La Voz de Galicia.